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Sobre ARKRIT

El Grupo de Investigación ARKRIT se dedica al desarrollo de la crítica arquitectónica entendida como fundamento metodológico del proyecto. El ejercicio crítico constituye el principal gestor de la acción proyectual hasta el punto de que puede llegar a identificarse crítica con proyecto.
Si se considera que el objeto de la crítica no es el juicio de valor sino el estudio de las condiciones propias de cada obra, en relación a otras obras de arquitectura, en relación a otros campos del conocimiento y en relación a otras posibles teorías alternativas, podemos obtener de ella una imagen final flexible y abierta que permita tanto su comprensión veraz como la apertura a nuevos caminos en el curso de la arquitectura.
El Grupo de Investigación ARKRIT se constituyó en 2008 bajo la dirección del catedrático de Proyectos Arquitectónicos D. Antonio Miranda Regojo-Borges y, además de proyectos de investigación, entre las actividades del grupo se encuentra la dirección de tesis doctorales, así como una participación activa en el máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados (MPAA) desde el Laboratorio y el Taller de Crítica y coordinando numerosos Trabajos Fin de Máster.

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ARKRIT - GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CRÍTICA ARQUITECTÓNICA

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Ariadne, by Giorgio de Chirico

13 noviembre, 2014

Etiquetado en Crítica de la Ciudad, Liberalismo, Postmodernidad,

LOS PAUs DE MADRID. Paradigma de la ciudad posmoderna

José Manuel Calvo del Olmo

Decía Aristóteles, en su Política, que la virtud de la ciudad estaba en la promoción del bien común. Hoy, sin embargo, lo único que interesa promocionar en las ciudades son burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos.

La ciudad no es un telón de fondo neutro sino el resultado de un conjunto de factores, disciplinas y procesos que dan lugar a una forma urbana determinada. La arquitectura y la urbanística –que nunca debieron ramificarse– han tratado de utilizarse, en todo tiempo y lugar, como instrumentos burocráticos orientados a perpetuar las relaciones de dominación vigentes.

Liberalismo y Postmodernidad.

Ya nos dijo Platón hace muchos siglos que los técnicos debían hacer lo que el príncipe les ordenaba. Hoy en día esta situación es muy evidente. La bunkerización disciplinar ha contribuido, sin duda, a su consolidación. Hemos visto que la división entre política y economía ha facilitado el golpe a la democracia perpetrado por las oligarquías financieras internacionales, que han colocado en los gobiernos a sus bien remunerados “expertos” para que legislen a favor de sus intereses; haciendo saltar por los aires la escasa soberanía popular que a duras penas conservaban algunos países. Del mismo modo, la cada vez mayor especialización de los arquitectos ha ido recortando sus competencias en el ámbito de la ciudad, delimitando progresivamente su área de trabajo hasta reducirla, en el mejor de los casos, al contorno de la superficie de manzana.

Así, las decisiones en materia de planificación urbana han ido quedando en manos de promotores inmobiliarios y especuladores financieros cuya única lógica es la de alcanzar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Esta manera de proceder, que se ha hecho hegemónica en las últimas décadas, encontró en las teorías neoliberal –en el campo de la economía política– y posmoderna –su gemela en el terreno de la estética– un sustento ideológico de legitimación.

 

Pizarro, Mª. J. & Rueda, O., Sobre la vivienda pública, Arquitectura COAM: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, N. 356, p. 97, 2009.

Amparados en el mantra de que el mercado es el instrumento más eficaz para distribuir los recursos, los gobiernos avalaron la mercantilización de la vivienda, dejándola en manos de la iniciativa privada. No obstante, incumpliendo los principios del liberalismo más elemental, la administración pública no se retiró del mercado inmobiliario sino que mantuvo un papel activo tanto en la gestión del suelo como en la redacción de leyes y planes de desarrollo urbano orientados a favorecer los intereses particulares de los grandes propietarios del suelo y las empresas constructoras 1.

Vivienda: ¿Derecho o Mercancía?

Al hacerse con el control, el sector privado concentró su actividad en la producción de aquellos activos que repercuten directamente en el precio de venta de la casa, dejando a un lado todo lo demás. De este modo, la vivienda adquirió definitivamente la condición de mercancía y lo que hasta entonces habían sido problemas residenciales y urbanos, pasaron a ser problemas de producción y consumo. El valor de cambio fue desplazando al valor de uso y la ciudad quedó reducida a un tablero de intereses financieros en el que a usuarios y arquitectos solo se les permitía intervenir como peones.

En España, en cuya economía la construcción ha tenido históricamente un gran peso debido al subdesarrollo de los sectores industriales, la implantación de los postulados neoliberales encontró una resistencia institucional mucho menor respecto de otros países europeos más avanzados. Así, a principios de los ochenta, el país asistió al estallido de una vorágine edificatoria que fue acompañada, además, de un progresivo desmantelamiento de la cultura arquitectónica de debate y reflexión sobre la conformación de la ciudad, que incluso se había mantenido en la etapa más negra de la dictadura.

El Real Decreto Ley 2/85 de 30 de abril (1985) promulgado por el ministro Miguel Boyer sobre medidas de política económica y otras disposiciones similares enterraron la política de vivienda socialdemócrata al tiempo que se puso en marcha, desde distintas esferas del poder, la neutralización de la intervención en la vida pública por parte del movimiento asociativo vecinal (Miquel, 2003). A partir de entonces, el interés general quedó definitivamente subordinado a los intereses particulares de grandes promotores inmobiliarios y propietarios del suelo, quienes, siguiendo fielmente el ideario neoliberal, se sirvieron del aparato estatal para multiplicar sus beneficios  2

Madrid Liberal. Madrid Postmoderno.

En Madrid, este proceso coincidió con la puesta en marcha de un conjunto de operaciones de extensión del área metropolitana de la Ciudad denominadas “Programas de Actuación Urbanística (P.A.U.)”.

Este plan, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de febrero de 1993, comprendía la construcción de más de 70.000 viviendas repartidas entre seis núcleos urbanos ubicados en la periferia de la ciudad: Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, Las Tablas, Sanchinarro, y los Ensanches de Carabanchel y Vallecas.

Los PAUs se plantearon como actuaciones de “emergencia” que respondían –según sus impulsores– a la necesidad tanto de ampliar la oferta residencial a precio asequible en el municipio de Madrid, a través de un incremento significativo del suelo urbanizable disponible, como de impulsar la creación de empleo. Pese a la magnitud de la operación, se le dio carácter de urgencia para sacarla del debate del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (P.G.O.U.M.) –entonces en fase de revisión–, argumentando que incluir estos proyectos en la discusión retrasaría su puesta en marcha. Esta fórmula permitió que los PAUs fueran gestionados como «modificaciones puntuales», pese a que suponían, de facto, una enmienda a la totalidad del Plan ya que implicaban la recalificación de más de 2.000 has.

La puesta en marcha de esta macroperación urbanística necesitó del acuerdo entre los gobiernos municipal y autonómico, en manos de PP y PSOE respectivamente, que compartían la necesidad de ampliar la oferta de suelo residencial que preveía el Plan General mediante la recalificación y urbanización de terreno. Sin embargo, cada administración tenía un enfoque diferente a la hora de abordar la operación. Si al Ayuntamiento solo le preocupaba recalificar suelo para aumentar, en teoría, la producción de viviendas, la Comunidad centraba su interés en asegurar la finalidad del suelo recalificado a la construcción de vivienda protegida, garantizando con ello su destino a satisfacer la demanda habitacional de la población madrileña (Ezquiaga, 2003).

Otra diferencia fundamental entre las dos administraciones residía en la manera de llevar a cabo la gestión del suelo. La Comunidad consideraba que la «expropiación» era la fórmula más apropiada –pues se trataba, además, del utilizado habitualmente en estos casos–, y, por el contrario, el Ayuntamiento prefería el sistema de «compensación». Mientras que el procedimiento de expropiación garantiza el control público de la operación, el de compensación limita significativamente la capacidad de intervención de la Administración al otorgar una gran autonomía a las empresas privadas para actuar según su propio interés.

Tras los resultados electorales de 1995, que otorgaron al PP los gobiernos autonómico y municipal, se firmó un nuevo convenio entre ambas Administraciones, sellado el 12 de diciembre de 1995, que prácticamente vino a restituir los números que figuraban en los documentos elaborados al inicio por el Ayuntamiento y rechazados, en los términos originales, por la Comunidad.

En el nuevo convenio se estableció el procedimiento de compensación para la gestión de los terrenos, reduciendo el control público de la operación, y se incorporaron mecanismos de recalificación de suelo que fomentaban la subida artificial de los precios y la especulación. Además, la Administración decidió asumir una parte de costes que le correspondían al sector privado y creó una nueva categoría de vivienda pública, denominada “A Precio Tasado”, con el propósito de reducir el porcentaje de VPO  3.

Este conjunto de operaciones muestran con absoluta claridad que el interés colectivo no estaba entre las preocupaciones de los impulsores de los PAUs. De hecho, y por grave que pueda parecer, las instituciones jugaron un papel determinante para facilitar el incumplimiento de la ley. Resulta difícil encontrar un ejemplo más evidente de gestión pública tan contraria al interés general.

No es exagerado afirmar que los PAUs muestran con toda crudeza las insalvables contradicciones entre la lógica del mercado y los principios de responsabilidad en la gestión de los recursos comunes que deben regir el diseño urbano.

El desarrollo de la operación permite desmontar con total rotundidad dos de los mitos repetidos insistentemente por el discurso dominante. Ni la gestión privada es más eficiente que la pública, ni la inversión privada repercute en beneficio de la sociedad. Esto último se puede apreciar de manera muy evidente en el caso que nos ocupa pues lo único que consiguió el aumento de la inversión fue multiplicar la especulación y, con ello, dificultar el acceso a la vivienda al generar una subida exponencial de los precios. Por su parte, la gestión privada, lejos de agilizar la tramitación, la retrasó significativamente. Costó tres años montar el sistema de compensación –con un tercio de los terrenos ya en proceso de expropiación– y transcurrió una década desde que se puso en marcha la operación hasta que se entregó la primera vivienda (Marcos & Ruiz, 2003). El aumento de las plusvalías derivado de la especulación y los jugosos beneficios que reportaba el procedimiento de compensación, sumados a la falta de control público sobre el proceso, hicieron que los promotores privados dilataran todo lo posible el proceso de ejecución de las viviendas a fin de maximizar sus ganancias.

Posmodernidad “informal”.

Como se puede suponer, los resultados formales de una operación de estas características fueron desastrosos. En los PAUs, el proyecto global ha desaparecido. Solo siguiendo el rastro de las transacciones financieras se puede reconstruir el proceso de diseño. Estos programas son el resultado de un conjunto de intervenciones e intereses que dan lugar a un tejido urbano conformado mediante la yuxtaposición de fragmentos inconexos.

David Harvey define la posmodernidad como “la veneración de los fragmentos” (2007, p. 138). En la posmodernidad no caben los metarrelatos –entendidos como explicación global y relacional–; o mejor dicho, el metarrelato posmoderno es, precisamente, la ausencia de metarrelatos. Por tanto, ya no hay lugar para la verdad, la justicia o la política, entendida como proyecto colectivo. Y sin política no hay polis.

Los PAUs son, por encima de cualquier otra consideración, la negación de la ciudad; la «no ciudad». Para superar las lógicas neoliberales de ocupación del territorio y recuperar el proyecto urbano no hay otro camino que reivindicar, sin complejos, la intervención directa en la planificación de las ciudades por parte de aquellos organismos que representen legítima y democráticamente los intereses generales de la sociedad civil.

Difícil tarea, no cabe duda, pero no estamos solos. Cuando casi nos habían convencido de que la Historia había llegado a su fin y la Revolución era cosa de otros tiempos, cientos de miles de indignados de todo el mundo salieron a la calles y ocuparon las plazas para recordarnos, también a los arquitectos, que la recuperación de la democracia pasa por la reapropiación del espacio urbano y la defensa incondicional del derecho a la  ciudad.

Hoy, más que nunca, la intervención, en cualquier ámbito, implica compromiso. Hay mucho en juego: nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra vida.

//////////   Referencias bibliográficas   //////////

Ezquiaga, J. Mª., La operación de los PAUs. In C. Sambricio (Ed.), Un siglo de vivienda social 1903-2003, tomo II (pp. 308-311), Madrid, Nerea, 2003.

Harvey, D., Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Madrid, Akal, 2007.

Harvey, D., Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana,  Madrid, Akal, 2013.

Marcos, J. & Ruiz, J., Los PAU’s de Madrid, Madrid: Club de debates urbanos, pp. 245-248, 2003.

Miquel, L., Alumbramiento, plenitud, decadencia y fin de una política social de vivienda (1977-1984). In C. Sambricio (Ed.), Un siglo de vivienda social 1903-2003, tomo II (pp. 261-264), Madrid, Nerea, 2003.

  1. Como señala Harvey, ya Lefebvre hablaba de la necesaria intervención en el “espacio urbano por los burócratas y tecnócratas estatales para facilitar la reproducción de la acumulación de capital y de las relaciones de clase dominantes” (2013, p. 202).
  2. En contra de la idea instalada en una buena parte de la población, y especialmente en el ámbito de la izquierda, el neoliberalismo no tiene como objetivo central reducir la participación del estado en la economía sino poner el excedente generado por esa intervención en manos privadas (Harvey, 2013).
  3. La administración municipal madrileña se inventó un mecanismo legal para privatizar una gran parte de la protegida. Durante el proceso de negociación de los PAUs creó una nueva categoría de vivienda “protegida”, denominada “A Precio Tasado (VPT)”, cuyo precio debía ajustarse a unos límites fijados por la Administración –muy superiores a los de la VPO– y que se beneficiaba, además, de determinadas bonificaciones y ayudas a cambio de cumplir esta exigencia. Se trataba, por tanto, de un modelo encubierto de vivienda libre, mediante el cual el Ayuntamiento lograba reducir a un tercio el porcentaje total de VPO sin levantar sospechas.
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